domingo, 5 de abril de 2009

Las plataformas de defensa de los derechos de los inmigrantes expresan su repulsa ante el desalojo de la fábrica de Marxalenes



LAS PLATAFORMAS DE DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS INMIGRANTES EXPRESAN SU REPULSA ANTE EL DESALOJO DE LA FÁBRICA DE MARXALENES



El Foro Alternativo de la Inmigración, la Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Immigrants y la Red Estatal por los Derechos de las y los Inmigrantes, denuncian que la respuesta de las administraciones públicas estén basadas en soluciones policiales y judiciales y no en la garantía de los derechos fundamentales

La policía ha procedido esta mañana a primera hora al desalojo del grupo de inmigrantes que ocupaba la antigua fábrica de Bombas Gens, de Marxalenes (Valencia), desde hacía algunos meses. Representantes de las organizaciones sociales de defensa de los derechos de las personas inmigrantes que durante este tiempo han conformado la red de apoyo de este colectivo, han estado presentes durante el desalojo para supervisar y garantizar que las condiciones del mismo fueran dignas para las personas afectadas. Las organizaciones han pactado con la policía que no se cursarían órdenes de expulsión de las personas desalojadas, extremo que no se ha cumplido. En total son treinta los inmigrantes identificados y citados ante el juez, además de cinco miembros de las organizaciones, en concreto representantes de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR PV), la Red Estatal por los Derechos de las y los Inmigrantes (REDI) y Valencia Acoge. Todo ello supone no solo la criminalización de los inmigrantes, sino también de las organizaciones que conforman la sociedad civil.

Las organizaciones denunciamos que el desalojo y la represión judicial y policial sean la única respuesta que la administración ofrece a la situación de este colectivo, y que no asuma su responsabilidad en materia de protección social. Las plazas de albergue que el ayuntamiento ofrece no responden a las necesidades de estas personas y muchos de ellos no pueden aceptarlas. Es necesaria una política de prevención de estas situaciones que se repiten sistemáticamente ante la dejadez de la administración pública, incapaz de ofrecer soluciones que garanticen la protección y la integración. Además, resulta obvio que estas situaciones se van a suceder en el actual contexto de crisis.

Exigimos a la Delegación de Gobierno que no ejerza represalias sobre este colectivo, actualmente en estado de extrema vulnerabilidad, emitiéndoles órdenes de expulsión o con cualquier otra medida que no garantice su protección y la defensa de sus derechos.

Enviado por:
CEAR PV
Salva Lacruz
salva.lacruz@cear.es
Tel. 620 957 322

20090429

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