El documento, acordado el pasado 30 de mayo en Dublín, tiene por objetivo prohibir el empleo, desarrollo, producción, adquisición, almacenamiento, conservación y transferencia de municiones de racimo que causan daños inaceptables a los civiles.El texto identifica las minas de racimo como importantes causantes de sufrimiento entre la población durante y, sobre todo, en situaciones de post-conflicto y propone la asistencia a víctimas, sus familias y comunidades.
España, durante los trabajos previos y las negociaciones de la Convención, defendió una prohibición tan amplia como fuese necesaria para garantizar el objetivo de evitar un daño humanitario inaceptable generado por este tipo de armas durante y en situación de post-conflicto.
Además, prestó especial atención al apartado referido a las víctimas, para que quedase identificado el beneficiario de los derechos de asistencia.
Informativo 15 Jornadas y Salida Nueva
20081121
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